Política Regionales

La lógica de la mentira en Baja California. Mandatos de dos años.

En 2014, el Congreso de Baja California determinó que el gobernador electo en 2019 duraría en el cargo sólo dos años. La finalidad de la reforma era empatar la elección del Ejecutivo en la entidad con las elecciones para Presidente de la República.

Tal medida contó en ese tiempo con respaldo de los legisladores bajacalifornianos pese a que la idea misma de un mandato de dos años es totalmente impráctica por motivos obvios.

Y esto es en parte porque los propios congresistas asumieron que sería posible revisar la medida posteriormente “conforme al espíritu de los tiempos”.

El problema no es que Morena haya extendido el mandato del gobernador de dos a cinco años sino que esta “corrección” se implementa ahora de manera convenenciera.

Los legisladores de Morena han aplicado su mayoría parlamentaria para favorecer intereses partidistas mientras que los partidos “opositores” se han erigido en defensores de una legalidad institucional que ellos usaron a su conveniencia durante décadas.

Con toda razón, personajes como Tatiana Clouthier y Porfirio Muñoz Ledo han señalado lo impropio de esta medida, no tanto por veneración a las leyes sino porque otorga nueva vida al PRI o al PAN.

Verdaderamente, estos cadáveres políticos están volviendo a respirar una vez que ahora cuentan con armas propagandísticas para presentar a MORENA como un partido que pisotea la ley o que ocupa como laboratorio a Baja California para eternizar a AMLO en el gobierno.

El cuestionamiento que debemos hacernos no deriva de la actual extensión de mandato en el 2019 a cargo del Congreso de Baja California sino de lo que que este parlamento determinó en el 2014.

¿No hubiese sido mas coherente otorgar al mismo Congreso la facultad de elegir un gobernador temporal por dos años para no involucrar al voto popular en un mandato tan corto?

La respuesta es clara, tal medida hubiese sido con toda certeza “inconstitucional” e implicaría no convocar a elecciones por ocho años, lo cual sería criticado como “anti democrático” por las mismas personas que hoy asumen que extender el mandato a cinco años violenta la institucionalidad.

De modo semejante, si el gobernador perteneciera al Partido Acción Nacional, tendríamos a los obradoristas cabildeando para exigir un acatamiento irrestricto de la norma legal que salvaguardaba un mandato de dos años.

Los nacionalistas no tenemos por qué tomar partido por una u otra facción del régimen en su lucha por usurpar cargos públicos por uno u otro método.

El traslapamiento de poderes estatales con respecto a la federación no tiene otro fin sino el de balcanizar territorialmente al país. Representa un ataque contra el pueblo mexicano a través de la introducción espuria de migrantes extranjeros con anuencia de todos los partidos e instituciones del régimen.

La crisis institucional es entonces manifestación de un sistema jurídico caduco, sucio, corrompido y contradictorio. Es además, sustento de una gama de partidos e instituciones al servicio del capital financiero.

Lejos de tomar partido por uno u otro bando o defender una institucionalidad en la que no creemos, los nacionalistas debemos asediar al sistema, denunciando sobre todo a las fuerzas “regeneracionistas” que aún creen que es posible reformarlo para bien.

Somos trinchera de combate ideològico y polítco por la refundación nacional. Todos ellos deben irse. Todos ellos son adversarios del pueblo mexicano.

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